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lunes, 9 de julio de 2012

Intermediarios religiosos llegan a Cajamarca para iniciar diálogo ante conflictos por Conga

Esta mañana los llamados ‘facilitadores’, Monseñor Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea fueron recibidos en el aeropuerto por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, para iniciar el “diálogo” que busca dar fin a los enfrentamientos por el proyecto minero Conga que dejó cinco muertos en Celendín y Bambamarca; sin embargo ambiente se muestra tenso para religiosos debido a intercambio de adjetivos entre dirigentes cajamarquinos y funcionarios del gobierno. En la tarde, Gregorio Santos cuestionó con dureza al gobierno por no liberar las cuentas del municipio de Espinar, pese a haberse instalado ahí la mesa de diálogo. "Castilla y Valdés son golpistas y centralistas al ordenar bloquear cuentas solo por venganza política y favorecer a transnacionales", dijo. Horas después, el premier Óscar Valdés reafirmó que los argumentos ambientales de Santos han sido descartados. "Su posición es completamente política", dijo el jefe de la PCM. Se trata del mayor PNP Edwin Oré Perlacios, jefe de la delegación policial de Bambamarca, y del comandante PNP Juan Carlos Reátegui Izquierdo de Celendín. La decisión de cambiarlos se debe a los excesos que se habrían cometido contra los manifestantes opuestos al proyecto Conga. Por esta razón estarían siendo evaluados también el jefe de la Dirección de Operaciones de la Policía (Dirop), general Abel Gamarra, e incluso el director general de la Policía, Raúl Salazar Salazar. VER MÀS

sábado, 7 de julio de 2012

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las muertes y la violencia ocurrida en el Departamento de Cajamarca, en Perú, y urge al Estado a garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que protestan contra el proyecto minero Conga

6 de julio 2012
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las muertes y la violencia ocurrida en el Departamento de Cajamarca, en Perú, y urge al Estado a garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que protestan contra el proyecto minero Conga. Asimismo, la Comisión Interamericana insta al Estado peruano a que haga uso de la fuerza exclusivamente con la finalidad de cumplir con su obligación de proteger a las personas presentes en la manifestación y a los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo utilizando la fuerza que sea estrictamente necesaria, conforme a los principios internacionalmente reconocidos. Finalmente, la CIDH urge a todas las partes el cese a la violencia y a buscar por la vía del diálogo una solución pacífica a este conflicto de conformidad con los mecanismos institucionales existentes en el Estado. Según la información recibida, cinco personas habrían resultado muertas -incluyendo un niño de 17 años- y decenas heridas -incluyendo tres policías- como consecuencia de enfrentamientos violentos entre la población y las fuerzas de seguridad que tuvieron lugar el 3 y 4 de julio de 2012. Asimismo, varias personas habrían sido detenidas durante las protestas. La CIDH recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente las muertes de estas personas y los hechos de violencia, sancionar a los responsables, y reparar las consecuencias. Asimismo, la CIDH reitera que es necesario adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta. En ese sentido, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de los manifestantes e integrantes de sus propias fuerzas de seguridad dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. La CIDH destaca que en los operativos de seguridad, las autoridades deben tomar en especial consideración el interés superior del niño, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su protección contra todo tipo de violencia. Según la información recibida, defensoras y defensores de derechos humanos que se encontraban realizando labores de verificación en la zona habrían resultado agredidos durante la intervención de las fuerzas policiales. Al respecto, se tiene conocimiento de las agresiones que habrían sufrido Amparo Abanto, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Genoveva Gómez, abogada comisionada de la Defensoría del Pueblo, por parte de policías mientras se encontraban indagando por la situación de personas detenidas en la Plazuela Bolognesi el pasado 21 de junio. Asimismo, se recibió información que indica que habría habido un uso abusivo de la fuerza en la detención de Marco Arana, defensor de derechos humanos que participa en la protesta y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 23 de abril de 2007. Adicionalmente, Marco Arana, quien ya fue liberado, dijo haber recibido golpes durante su detención. La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra los defensores de los derechos humanos no solamente violan sus garantías individuales en tanto personas, sino también atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad, y generan situaciones de indefensión para todas las personas que se benefician de sus labores. La Comisión recuerda que el derecho de asociación, manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales garantizados la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dada la importancia de estos derechos para la consolidación de sociedades democráticas, la Comisión ha sostenido que cualquier restricción de los mismos debe estar justificada en un interés social imperativo. En este sentido, la Comisión observa que un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por su parte, el accionar de agentes estatales no debe desincentivar los derechos de reunión, manifestación y libre expresión, por lo cual la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. Los operativos de seguridad que se implementen en estos contextos deben contemplar las medidas más seguras y menos lesivas de los derechos fundamentales involucrados. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. Ver

Presidente Regional Gregorio Santos Guerrero, expresó sus condolencias a los cinco héroes del agua y comprometio su apoyo a los familiares para no quedar desamparados.


Canal N - 05.07.12 - Marco Arana se pronuncia tras ser liberado

miércoles, 4 de julio de 2012

El líder ambiental y opositor al proyecto minero Conga, Marco Arana, fue detenido y golpeado brutalmente por cerca de 20 efectivos policiales la mañana de hoy en Cajamarca.

El líder ambiental y opositor al proyecto minero Conga, Marco Arana, fue detenido y golpeado brutalmente por cerca de 20 efectivos policiales la mañana de hoy en Cajamarca. El exsacerdote Arana se encontraba conversando en una banca de la plaza de Armas, frente a la iglesia San Francisco, cuando policías lo agredieron con varazos. Los padres franciscanos que acudieron en su ayuda también fueron agredidos. Según informó el colaborador de El Comercio, Axel Cabanillas, el hecho ocurrió luego de que Arana diera una breve rueda de prensa en la plaza. Luego de ser pateado en el piso, el padre Arana fue trasladado en una camioneta a la comisaría. Pedro Francke, dirigente de Tierra y Libertad, informó que Arana fue también golpeado en los interiores de la comisaría de Cajamarca. Asimismo señaló que los policías no permitieron el ingreso de su abogada. “Nos parece absolutamente arbitrario e ilegal que se le esté privando de su legítima defensa que es un derecho que no está suspendido durante el estado de emergencia”, señaló. Mirtha Vásquez, abogada de Marco Arana, señaló que estuvo en los exteriores de la delegación policial sin poder comunicarse con el líder ambiental. Su abogada exige que lo deriven a un hospital de la ciudad dado que lo han golpeado fuertemente a la altura de los riñones, zona en la que padece, explica la abogada, de un mal crónico. CNDDHH exige libertad de Arana La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exigió la inmediata liberación de Marco Arana y condenó la agresión de la que fue parte. “La declaratoria del Estado de Emergencia no es una carta abierta para la vulneración del Estado de Derecho”, afirmaron a través de un comunicado. CNDDHH exige inmediata libertad de Marco Arana y condena su agresión La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de 79 organizaciones de defensa de la vida y los derechos fundamentales de la persona, exige la inmediata libertad del líder ambientalista Marco Arana, y condena firmemente la golpiza de la que ha sido víctima por parte de las fuerzas del orden en la ciudad de Cajamarca. Marco Arana se encontraba sentado en una banca de la Plaza de Armas de Cajamarca, sentado, cuando un número de aproximadamente 40 efectivos de la Policía Nacional del Perú lo intervino violentamente, con golpes en diversas partes del cuerpo. Luego de ello condujeron al líder ambientalista a la comisaría, donde volvieron a golpearlo. Marco Arana cuenta con medidas cautelares de la CIDH, y en ese momento se encontraba junto a su custodio, miembro de la Policía Nacional del Perú, Elmer Díaz. La declaratoria del Estado de Emergencia no es una carta abierta para la vulneración del Estado de Derecho. Si bien los derechos a la libertad y a la reunión están limitados, estos no se convierten en delitos, ni mucho menos justifican una detención arbitraria. El líder ambientalista, en su cuenta de twiteer, señaló: “Me detuvieron em golpearon mucho, dentro de la comisaro mw volvieron a gfolpear, puÑetes en la cara, rinons, insultos” (sic), donde evidencia el momento por el cual ha tenido que pasar. Marco Arana se encuentra delicado de salud, convaleciente de un proceso fuerte de neumonía. Por ello, nos preocupa más el estado actual de salud, y el lugar donde se encuentra recluido. Responsabilizamos a las autoridades del gobierno causantes de esta arbitrariedad. Marco Arana no ha cometido ningún delito por el cual haya tenido que ser detenido de la forma descrita. Por lo que, demandamos su inmediata libertad.

Carta dirigida a la ONU de los pueblos de Cajamarca






Carta dirigida a la ONU de los pueblos de Cajamarca

FUENTE

BLOGUEANDO