Represalia. El lunes, el Ejecutivo informó al administrador del gobierno regional que decidieron congelar las operaciones para evitar el uso de recursos públicos que financiarían "actos y acciones de alteración del orden". Hoy vuelven protestas a la región.
En una acción sin precedentes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ordenó el bloqueo de las operaciones bancarias del gobierno regional de Cajamarca, señalando que se trata de una medida preventiva ante un eventual uso indebido.
En el oficio, que el lunes pasado envió el director general de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF, Carlos Linares, se precisa que se toma esta decisión en el contexto de las acciones de protesta realizadas en la región contra el proyecto minero Conga.
A través de su página de Facebook, el presidente regional, Gregorio Santos, expresó que con este bloqueo se consolida un golpe de Estado en Cajamarca, pues las funciones administrativas y financieras están paralizadas.
"Ninguna presión hará cambiar el compromiso del gobierno regional con su pueblo y con los más pobres. Los recursos deben administrarse racionalmente", señaló antes de convocar a la ciudadanía a pronunciarse y movilizarse en defensa de la democracia regional y la descentralización.
Por otro lado, trascendió que el 26 de noviembre, dos días después que se inició el paro regional, la Procuraduría del Ministerio del Interior denunció a Santos ante la Fiscalía por los actos vandálicos que pudieran cometerse.
Acto prepotente
El experto en temas de descentralización Javier Azpur calificó de prepotente y autoritario el bloqueo, pues se arroga el derecho de congelar las cuentas de un gobierno regional que constitucionalmente es autónomo y cuyo presupuesto fue aprobado por el Congreso.
Refirió que esta decisión no se puede tomar en base a rumores sobre el uso de dinero del Tesoro Público para financiar las movilizaciones.
"No se necesita congelar las cuentas para que la Contraloría intervenga. Ellos ingresan al gobierno regional y hacen un estudio de lo ejecutado, y a partir de las conclusiones se toman las decisiones administrativas, legales o penales", advirtió.
Alertó que esta decisión marca un precedente negativo, pues el gobierno puede volver a desconocer de manera arbitraria la autonomía de un gobierno regional.
Dirigentes denuncian
El presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina, Milton Sánchez, denunció que la irregular intervención y detención policial que sufrieron el martes habría sido gestionada por un miembro de seguridad del Parlamento.
"Al llegar al Congreso dejamos nuestros documentos de identificación allí y cuando nos los devolvieron no hubo ningún problema. Sin embargo, a media cuadra, cuando nos movilizábamos en un vehículo, nos intervinieron y llevaron a la Dircote. Allí vimos un oficio firmado por el capitán José Alberto Matta Paredes, de Seguridad del Estado adscrito al Congreso, recomendando nuestra detención por haber participado en las marchas de Cajamarca", relató.
La congresista Verónika Mendoza confirmó que al acercarse a la dependencia policial para verificar el estado en que se encontraban los dirigentes, estos les informaron sobre la existencia del documento.
"Pediré información a la oficina de Seguridad del Congreso y al Director de la Policía sobre los motivos de la detención a pesar de no haber orden de captura", anunció.
Por otro lado, el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, desmintió a Aníbal Apari, ex esposo de la emerretista Lori Berenson, quien afirmó ser su abogado.
"Quiero mostrar mi indignación porque el señor Apari se ha publicitado como mi abogado. Yo no lo he convocado, no lo conozco. Está faltando a su ética profesional. Mi abogado es el señor Juan José Guzmán Guzmán”, aseguró.
Paro de 48 horas
El presidente de Defensa por los Intereses de Cajamarca, Idelso Hernández, dijo que hoy y mañana habrá movilizaciones y vigilias en zonas donde no se aplica el Estado de Emergencia.
El presidente de la Federación Regional de Rondas Urbanas, Basilio Díaz, agregó que en Jaén habrá un plantón en la plaza de armas y se explicará a la población el riesgo de permitir la minería en cabeceras de cuenca.
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